Un tribunal de jurado popular será el que finalmente juzgue el caso del supuesto desfalco de unos 1,2 millones de euros cometido en la empresa pública Sinpromi, dependiente del Cabildo de Tenerife, por su exdirector financiero Andrés Hernández Pedreira.
Según publica Diario de Avisos y confirmaron a Europa Press fuentes de Podemos -personada en el caso como acusación popular-, el auto judicial del pasado 6 de julio no supone un "cambio sustancial" en la instrucción del caso, que sigue su curso.
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita 13 años de cárcel para Pedreira por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documento oficial, mientras que también se juzgará al exgerente Víctor Díaz por otro supuesto delito de malversación de caudales públicos.
- Partido/Org: CC
- Lugar: Canarias
- Coste aprox.: 1200000 €
- Total implicados: 2
- Año de los hechos: 2008
- Estado judicial: Abierto
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Exgerente
Víctor García, exgerente de la empresa pública del Cabildo Insular Tenerife Simpromi, declaró como imputado en el Juzgado de Instrucción Número Dos de Santa Cruz de Tenerife a cuenta del presunto desfalco acaecido en las arcas públicas de la referida sociedad, creada para el bienestar de los discapacitados de la Isla.
García es el segundo investigado imputado por esta causa, que está relacionada con un descuadre de cuentas que supera los 1,6 millones de euros, tal y como anticipó en su día DIARIO DE AVISOS. El otro investigado es el responsable de las finanzas de Sinpromi, Andrés Hernández Pedreira, al que se considera principal responsable de unos hechos que él mismo ha reconocido ya en lo fundamental.
En principio, la supuesta responsabilidad de García pasa por la absoluta falta de control detectada por la investigación policial con la que actuó Hernández Pedreira durante años.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Apropiación indebida
- Cargo: Exdirector financiero
El director de la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad (Sinpromi) y también presidente del Club Uruguay de Fútbol Sala ha quedado en libertad con cargos, tras ser detenido en octubre del 2014 por haber presuntamente cometido un delito delito contable en la administración de la empresa pública.
Andrés Hernández Pedreira admitió, en su declaración, que firmó cheques nominales para tener el dinero de la subvención del Cabildo, unos 500.000 euros que pensaba devolver cuando se hiciera efectiva la subvención.
